Apple lleva a los tribunales el secretismo británico sobre su orden de acceso a iCloud

Apple ha pedido el 17 de septiembre en el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT) de Londres que el Gobierno británico aclare si emitió una orden para acceder a los datos cifrados de iCloud. La compañía, junto a las organizaciones Privacy International y Liberty, sostiene que la política oficial de "ni confirmar ni negar" (NCND) impide un juicio público y deja el asunto fuera de cualquier escrutinio real.

El caballo ya se ha escapado

Ben Jaffe, abogado de Privacy International, dijo en la vista que la postura del Ejecutivo "se ha vuelto absurda" y que "el caballo ya se ha escapado del establo": la existencia de la orden es información pública, recordó, porque cargos y políticos estadounidenses la han mencionado en abierto. Los letrados de Apple y de las organizaciones civiles argumentan que mantener el NCND vulnera el principio de justicia abierta y bloquea cualquier discusión significativa del caso.

El Gobierno defiende lo contrario. Su abogado, Neil Sheldon, afirmó que apartarse de esa política supondría un riesgo para la seguridad nacional y "daría una ayuda sustancial a actores hostiles", que podrían deducir qué operadores están sujetos a notificaciones de capacidad técnica. El tribunal se pronunciará sobre el NCND más adelante; la vista completa sobre la orden en sí no llegará, según Reuters, antes del año que viene.

De enero de 2025 a una segunda demanda

El origen del litigio está en enero de 2025, cuando Londres ordenó a Apple crear un mecanismo de acceso a los datos cifrados de iCloud, según publicó entonces The Washington Post. La respuesta de la empresa fue retirar en febrero de ese año la opción de Protección Avanzada de Datos para los usuarios británicos: antes que abrir una puerta trasera, dejó de ofrecer el cifrado de extremo a extremo en el país.

En abril de 2025 un juez rechazó el intento del Gobierno de mantener en secreto los detalles básicos de la impugnación y dictaminó que divulgar la existencia del caso no dañaba la seguridad nacional. Meses después, y tras la presión de la Casa Blanca, Londres renunció a exigir los datos de usuarios estadounidenses, pero emitió una notificación nueva dirigida solo a los británicos. Apple respondió con una segunda demanda, que es la que ha llevado el asunto de la confidencialidad al IPT.

La vista de esta semana no entra en si el Gobierno puede exigir acceso a los datos cifrados de Apple, solo en si puede negarse a admitir que lo ha hecho.

Por qué importa

Lo que se dirime aquí no es un caso aislado de una compañía: si un tribunal avala que el Estado puede ordenar un backdoor y blindar al mismo tiempo su existencia, cualquier proveedor que opere en el Reino Unido se queda sin margen para avisar a sus clientes de que sus datos pueden tener una puerta de entrada. Apple ya ha sostenido que un acceso creado para un Gobierno acaba siendo aprovechable por atacantes o por Estados hostiles, y afecta a la seguridad de todos, no solo a la de los usuarios británicos.