Sánchez negociará un pacto tripartito para repartir los beneficios de la IA

El Gobierno se prepara para negociar un acuerdo tripartito con los agentes sociales. El objetivo es regular el impacto de la inteligencia artificial en la economía y el empleo. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, ha adelantado que Pedro Sánchez liderará personalmente las conversaciones. La intención es cerrar lo que el Ejecutivo califica como un «gran pacto nacional» en las próximas semanas. Se trata de establecer el diálogo como base para decidir cómo se distribuyen los beneficios que aporte esta tecnología.

Quién controla y quién gana

Cuerpo ha marcado la agenda desde Santander, donde clausuraba el evento anual de Ametic. Según su criterio, el resultado de esta transición tecnológica dependerá de tres factores clave. Primero, quién ejercerá el control sobre la tecnología. Segundo, qué entidades capturarán las ganancias económicas generadas. Y tercero, el tiempo que la sociedad tendrá para adaptarse a los cambios estructurales. El vicepresidente ha insistido en que este proceso debe incluir a la sociedad civil y a los actores relevantes de los ámbitos empresarial, científico, sanitario, educativo e industrial.

El anuncio llega tras las recientes advertencias de Bill Gates. El fundador de Microsoft publicó recientemente un ensayo donde describía la transición a la era de la IA como uno de los periodos más turbulentos de la historia humana. Gates advertía de que, sin acuerdos globales, la tecnología se convertiría en la «peor fuente de injusticia jamás inventada». Desde su posición, el empresario aboga por impuestos especiales a los robots, penalizaciones fiscales a las empresas que sustituyan trabajadores por algoritmos y la creación de trabajos reservados exclusivamente para humanos.

El Gobierno español no ha detallado si alineará su posición con estas propuestas concretas de Gates. Sin embargo, Cuerpo ha alertado sobre los riesgos si no se actúa con regulación. Ha mencionado la destrucción de puestos de trabajo, las dificultades añadidas para la contratación de jóvenes y la concentración de poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. También ha señalado la pérdida de soberanía sobre los datos y las infraestructuras críticas como una amenaza real para el país.

Hasta la fecha, no se ha publicado ninguna hoja de ruta técnica ni se han fijado fechas concretas para las primeras reuniones de negociación. El Ejecutivo mantiene la puerta abierta a expertos técnicos y científicos, pero el marco sigue siendo político y social. La falta de detalles concretos sobre los impuestos o las medidas laborales sugiere que la fase actual es de consultoría y alineación de intereses.

Este intento de pacto responde a la necesidad de dar una respuesta institucional coordinada frente a la presión del mercado. Mientras las grandes tecnológicas aceleran el despliegue de sus modelos, los gobiernos europeos buscan evitar que la brecha de riqueza se agrave y que la dependencia externa se convierta en un cuello de botella estratégico. El reto será traducir estas intenciones en normativa aplicable sin frenar la innovación, una conversación que, hasta ahora, ha sido más teórica que práctica.