320.000 libras en reconocimiento facial: 500.000 caras y cero aciertos

El British Transport Police (BTP) gastó más de 320.000 libras en un piloto de reconocimiento facial en vivo que duró seis meses. Las cámaras escanearon más de 500.000 rostros en estaciones de tren de Londres y el sistema produjo exactamente una alerta. Esa alerta era un falso positivo: ningún acierto real y ninguna detención derivada de ella.

Las cifras las obtuvo la organización Liberty mediante peticiones de acceso a la información y se publicaron en The Guardian. Al dinero hay que sumarle casi 100 horas de tiempo de agentes dedicadas al despliegue. Medio millón de caras para nada.

Cómo funciona el sistema

El software es el NeoFace M40 de NEC. Las cámaras escanean a quien pasa por una zona delimitada y comparan su rostro con una lista de vigilancia policial. Si el sistema cree que ha visto a alguien de esa lista, lanza una alerta para que un agente la revise y decida si para a la persona. El BTP sostiene que no puede identificar a quien no esté en una lista y que borra de inmediato los datos biométricos de los demás. También asegura que los despliegues responden a información de inteligencia y se concentran en puntos calientes de delincuencia por donde se espera el paso de los que llama «delincuentes de alto impacto».

Que sea una medida quirúrgica no convence a todo el mundo.

El piloto se amplía igual

Lejos de retirarlo, el BTP ha extendido la prueba hasta noviembre y la ha sacado de las estaciones de Network Rail para meterla también en el metro de Londres. Jasleen Chaggar, de Big Brother Watch, dice que las cifras serían motivo de risa «si no tuvieran implicaciones tan preocupantes para nuestros derechos y libertades», y recuerda que millones de londinenses usan esas estaciones a diario y pueden haber pasado ya por una rueda de reconocimiento policial digital sin saberlo. Sobre el gasto, añade que no es justo someter a personas inocentes a controles de identidad intrusivos durante su trayecto, pero que es aún más insultante desperdiciar casi 100 horas de agentes y 320.000 libras de dinero público con resultados tan escasos.

Sarah Simms, de Privacy International, apunta al mismo sitio: los resultados confirman lo invasivo y desproporcionado del reconocimiento facial en vivo y desmontan el argumento de que sea una medida dirigida. Su otra objeción es legal, porque el BTP sigue ampliando despliegues sin un marco normativo específico que regule la tecnología.

El historial no ayuda. A principios de este año varias policías británicas suspendieron temporalmente sus despliegues después de que unas pruebas independientes detectaran sesgos raciales en determinados umbrales de operación. El piloto del BTP ha añadido un problema distinto: después de medio millón de caras, la única persona que sus cámaras señalaron era la equivocada.