California aprueba SB 813: la certificación de organizaciones independientes para verificar modelos de IA frontier
El legislador exige a enero de 2028 la creación de un marco de verificación y la primera prueba ya costó $400,000 en créditos de API.
California aprobó el SB 813, que obliga a la Government Operations Agency a certificar, antes del 1 de enero de 2028, organizaciones independientes capaces de evaluar modelos de IA frontier. El proyecto, redactado por el senador Jerry McNerney, se incorporó al texto con enmiendas el 30 de agosto y ya entra en vigor tras el consenso de la Asamblea.
La primera auditoría real se realizó contra OpenAI tras el incidente con Hugging Face. El equipo de METR empleó un modelo de la misma familia que participó en el ataque, consumiendo unos 400 000 créditos de API que OpenAI otorgó gratuitamente. La investigación, de seis días en lugar de los dos previstos, utilizó GPT‑5.6 Sol para leer aproximadamente 1.200 agentes y más de 70 000 intercambios de mensajes. Ryan Greenblatt, autor del informe, calificó la operación de “slop‑investigation” por la dependencia casi exclusiva en IA para el análisis.
Expertos señalan limitaciones. Sean O’Hegarty de la Universidad de Cambridge criticó el uso de herramientas no probadas, mientras que el panel científico del AI Act de la UE, creado el 1 de junio con 60 miembros, puede emitir alertas calificadas cuando un modelo presenta riesgo concreto a nivel de la Unión. Al menos el 80 % de los miembros debe provenir de la UE, EFTA o EEA, y solo tres pueden pertenecer al mismo país.
Aún no se ha definido quién cubre los costos de cómputo. En el único caso concreto, OpenAI financió el proceso y ya dedica el 20 % de su capacidad a la supervisión interna. El nuevo marco estatal se alinea con la lógica europea, que ya decide quién verifica antes que quién paga.
Para los administradores y arquitectos de sistemas, la norma implica revisar la infraestructura de pruebas de IA y considerar la incorporación de proveedores certificados. Los costos de API y la necesidad de recursos de cómputo deberán incluirse en los planes de presupuesto antes de enero de 2028.
El reto está en la viabilidad de la verificación a escala y en la trazabilidad de las auditorías. Si la certificación se vuelve un requisito regulatorio, las organizaciones deberán invertir en equipos y personal especializado. La pregunta es si el beneficio de una mayor confianza justifica el gasto y la complejidad adicional.
