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Inteligencia artificial

Trabajadores británicos gastan casi mil millones de libras en IA generativa sin autorización empresarial

Un estudio de Deloitte revela que el 63 % de los empleados del Reino Unido usan IA generativa y que el 17 % paga herramientas propias, acumulando £958 millones.

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El último informe de Deloitte indica que el uso de IA generativa en el Reino Unido está muy por encima de lo que las empresas controlan. El 63 % de los trabajadores ha utilizado alguna herramienta de IA para sus tareas, y casi la mitad lo hace con versiones gratuitas. Solo el 34 % emplea soluciones pagadas por su empleador y el 17 % recurre a herramientas internas.

Lo que llama la atención es que el 31 % de los encuestados usa IA sin que la organización lo sepa y que el 17 % paga de su bolsillo al menos una suscripción, lo que suma £958 millones en total. "Los trabajadores no quieren esperar permiso; ya están adoptando IA para ser más productivos", comenta Hayley McKelvey, chief AI officer de Deloitte UK.

Los casos de uso más frecuentes son la búsqueda de información (43 %), la redacción de correos electrónicos (43 %) y la generación de resúmenes (31 %). Sin embargo, el 46 % de los encuestados no ha recibido formación formal sobre el uso seguro de la IA, lo que aumenta el riesgo de brechas de seguridad y de incumplimiento regulatorio.

La falta de liderazgo claro también se refleja en la encuesta: el 64 % teme que sus jefes consideren que la IA puede sustituir sus puestos y el 23 % percibe un estigma al usar estas herramientas. Paul Lee, socio de Deloitte UK, subraya que la adopción es rápida pero superficial, centrada en tareas básicas en lugar de procesos críticos.

El National Cyber Security Centre (NCSC) acaba de advertir a las organizaciones que la IA no autorizada puede provocar fugas de datos, pérdida de propiedad intelectual y sanciones regulatorias. "No puedes gestionar lo que no conoces", resume la alerta del NCSC.

Para los responsables de TI, el reto ya no es convencer a los empleados de probar la IA, sino diseñar políticas, controles y programas de formación que permitan un uso seguro y alineado con los objetivos de negocio. La presión para ofrecer acceso a herramientas oficiales aumentará a medida que la brecha entre el uso clandestino y el soportado por la empresa se haga más evidente.