Policías usan la plataforma Flock Safety para búsquedas masivas con motivos de broma
Un análisis de la EFF revela que oficiales de EE. UU. ingresaron miles de búsquedas en la red de cámaras de Flock Safety con razones como "LMAO" o "asdfg", evidenciando una falta de control sobre el uso de ALPR.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha publicado un informe que muestra cómo agentes de la policía de varios estados consultaron la base de datos de la empresa Flock Safety usando motivos de búsqueda totalmente irrisorios. En al menos 19.000 cámaras distribuidas en 1.558 municipios, los oficiales introdujeron términos como "LMAO", "LOL", "asdfg" o insultos en el campo de "reason" del motor de búsqueda de placas. Los registros, obtenidos mediante solicitudes de información pública, cubren el periodo 2023‑2025.
Los datos provienen de auditorías de la EFF y de 404 Media, que ya había documentado casos donde la herramienta se utilizó para localizar inmigrantes indocumentados, una mujer abortada en Texas y manifestantes. Ante la presión, algunos departamentos fueron advertidos de redactar motivos "tan vagos como sea posible", pero la práctica de registrar razones sin sentido continúa.
Flock Safety respondió que había actualizado su interfaz, sustituyendo el campo de texto libre por un menú desplegable de tipos de delito. Según el blog de la compañía, los oficiales ahora eligen opciones como "Traffic infraction" o "Other" en medio segundo. Sin embargo, la EFF critica que la medida no obliga a validar la correspondencia entre el motivo seleccionado y la finalidad real de la búsqueda, lo que permite ocultar abusos tras una fachada de uniformidad.
El informe también señala que, aunque algunas jurisdicciones exigen una justificación concreta para activar la búsqueda, la ausencia de auditorías efectivas y la capacidad de los ALPR para registrar el historial de movimiento de cualquier conductor sin sospecha hacen que el sistema sea vulnerable a usos arbitrarios. La EFF insta a legisladores y tribunales a establecer plazos rígidos de eliminación de datos y a exigir órdenes judiciales con causa probable antes de permitir cualquier consulta.
Esta situación plantea preguntas críticas para los responsables de infraestructura y seguridad: ¿cómo auditar y restringir el acceso a bases de datos de vigilancia masiva sin obstaculizar investigaciones legítimas? La respuesta dependerá de la implementación de políticas de retención, controles de acceso basados en roles y, posiblemente, de la incorporación de mecanismos de registro verificables que impidan la manipulación de los campos de motivo.
En resumen, la exposición de estos abusos refuerza la necesidad de un marco regulatorio sólido que limite el uso de sistemas ALPR y garantice la protección de los derechos civiles en entornos donde la vigilancia digital se vuelve cada vez más omnipresente.
