La UE clasifica ChatGPT como buscador bajo el DSA, no como plataforma

La Comisión Europea ha designado a ChatGPT como un Buscador en Línea de Muy Gran Dimensión (VLOSE) bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Esta clasificación obliga a OpenAI a cumplir con las mismas obligaciones de transparencia y mitigación de riesgos que Google o Bing, bajo la amenaza de multas de hasta el 6% de sus ingresos globales anuales. Sin embargo, el alcance es estrictamente limitado: solo cubre las funciones donde el sistema recupera información externa, no las conversaciones generadas por el modelo.

La alternativa era catalogarlo como Plataforma en Línea de Muy Gran Dimensión (VLOP). Esa etiqueta habría activado el safe harbour, el principio legal que exime a los intermediarios de la responsabilidad por el contenido subido por terceros. Aplicar esa norma a un chatbot habría implicado tratar la salida del modelo como contenido de usuario, una distinción que la Comisión evitó para no concederle a OpenAI un escudo legal sobre lo que el modelo escribe por sí mismo.

El problema operativo aparece en la capa conversacional. Pregunta a ChatGPT por candidatos electorales y cae bajo el DSA; mantén una charla sobre quién votar y podrías quedar fuera de su alcance. Christel Schaldemose, eurodiputada y negociadora clave del DSA, advirtió que las riesgos asociados a la dependencia emocional o el diseño adictivo quedan fuera de las obligaciones más fuertes de la regulación actual. Para un administrador de sistemas o arquitecto, esto significa que las actualizaciones de prompt o las políticas de moderación en la interfaz de chat pueden operar en un vacío normativo regulatorio específico.

João Pedro Quintais, profesor de la Universidad de Ámsterdam, lo define como un problema de categorización: el DSA, finalizado en 2022, fue escrito para gestionar material generado por personas. Un modelo que genera su propio contenido no encaja en esa arquitectura. La Comisión tardó casi un año en decidir, señal de la complejidad técnica y legal.

Existe una segunda vía de regulación a través de la Ley de IA (AI Act), que obliga a los creadores de modelos de propósito general a evaluar riesgos sistémicos. Pero, según Daniel Leufer de AccessNow, esa normativa se centra en riesgos existenciales como armas nucleares o pérdida de control, no en derechos fundamentales como la manipulación de menores. La brecha queda clara: la dependencia de un adolescente hacia un chatbot no es un riesgo sistémico bajo la AI Act ni un riesgo de búsqueda bajo el DSA. La Comisión podría cerrar esa brecha aplicando el mismo enfoque que usó con Meta, regulando las decisiones de diseño de la interfaz como objeto principal.