Cuatro gigantes de la IA afrontan una demanda antimonopolio por frenar el ritmo del sector

El Distrito Norte de California aceptó el 18 de septiembre una demanda que acusa a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google de pactar para frenar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. Los demandantes son suscriptores de los servicios de esas cuatro compañías y sostienen que sus máximos ejecutivos coordinaron en público una desaceleración, lo que a su juicio equivale a un acuerdo entre competidores. El caso se llama Buist v. Anthropic PBC y lleva el número 3:26-cv-10693.

Entre los demandantes están Cheyenne Hunt, el abogado floridano Charles Buist, Nick Spetsas y la californiana Christine Bullock. Los representa Nick Rowley, de Trial Lawyers for Justice. Piden que se certifique el litigio como colectivo, una orden que prohíba la conducta denunciada y una declaración judicial de que las empresas han violado la ley federal antimonopolio. Por ahora solo hay admisión del escrito: el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo.

El origen: un artículo

Todo se apoya en el texto que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, publicó el 12 de septiembre. Ahí pedía «coordinación en toda la industria» para «marcar el ritmo de la frontera de la IA» y «limitar la velocidad del progreso sin restricciones», de modo que las evaluaciones de seguridad y las salvaguardas tuvieran tiempo de ponerse al día. Amodei aclaró que no hablaba de detener el entrenamiento ni el avance técnico, sino de un ritmo más equilibrado que dejara hueco a la verificación, con evaluadores externos y coordinación internacional incluidas.

A esa idea se sumaron después otros ejecutivos. Sam Altman, de OpenAI, dijo compartir el enfoque de «controlar el ritmo del desarrollo de la IA frontera»; Elon Musk, de SpaceXAI, y Demis Hassabis, cofundador de Google DeepMind, también mostraron su apoyo.

Los demandantes sostienen que el respaldo público de varios competidores a la misma propuesta ya constituye un acuerdo para coordinar la velocidad de mejora de sus productos, algo que encaja en la sección primera de la Ley Sherman, que persigue las conductas concertadas entre rivales que restringen la competencia. Añaden un daño concreto: si todos bajan el ritmo, el consumidor paga lo mismo por productos que se actualizan más despacio.

Rowley lo resumió con un argumento de riesgo existencial. Dijo que el caso busca impedir que los «acuerdos privados de interés propio» entre las tecnológicas más poderosas del mundo lleven a la IA a escaparse del control humano, y defendió que las reglas se fijen desde el gobierno, con transparencia y rendición de cuentas. La acusación quiere ampliar el litigio a una colectiva que cubra a todos los consumidores afectados por esa desaceleración.

Queda por ver si un juez acepta que una coincidencia de declaraciones públicas equivale a un cártel. La sección primera de la Ley Sherman exige un acuerdo, y probarlo sin correos, contratos ni reuniones a puerta cerrada es el escollo evidente de la demanda. Para quien trabaja con estos modelos, el caso añade otra variable a la planificación: si la presión judicial empuja a las compañías a competir por velocidad en lugar de por prudencia, los calendarios de versiones y los acuerdos de nivel de servicio pueden moverse en cualquiera de las dos direcciones.