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Ciberseguridad

Australia propone que los usuarios decidan si quieren recomendaciones algorítmicas en su feed

El gobierno australiano propone una ley que obliga a las plataformas a informar y permitir a los usuarios activar o desactivar el algoritmo de recomendación del contenido en sus redes sociales.

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El gobierno australiano ha presentado un proyecto de ley que exige a las plataformas de redes sociales que informen a los usuarios sobre la configuración por defecto de sus flujos de noticias y que les ofrezcan la opción de desactivar la recomendación algorítmica.

Según el borrador, cada plataforma debe mostrar claramente cómo funciona el algoritmo que determina qué publicaciones aparecen en el feed y permitir a los usuarios decidir si aceptan o rechazan la personalización basada en su perfil. Si eligen la segunda opción, el feed se limitará a las publicaciones de sus contactos y a las creadoras que siguen activamente.

El primer ministro, Anthony Albanese, calificó la iniciativa como “práctica y viable”. Destacó que los grandes actores de la industria deberán cumplir la normativa o afrontar sanciones. La propuesta se inspira en la Ley de Servicios Digitales de la UE, que también obligaba a las plataformas a ofrecer la opción de desactivar los algoritmos de recomendación.

El debate sobre la regulación de los algoritmos se intensifica tras la creciente preocupación por su papel en la creación de burbujas de contenido y la adicción de los usuarios. La ley australiana también requiere que las plataformas registren las medidas adoptadas para proteger a los usuarios y aseguren su eficacia a largo plazo.

Las empresas que incumplan podrían enfrentarse a multas de hasta 1.092 millones de dólares australianos (aprox. 5,29 mil millones de yuanes). La autoridad de eSafety, el organismo regulador de internet del país, tendrá la potestad de supervisar la aplicación de la ley y de ordenar la eliminación inmediata de contenido nocivo o ilícito.

El proyecto de ley está abierto a consultas con plataformas digitales, organizaciones industriales, sociedad civil y expertos antes de su presentación definitiva en el parlamento este año.